LA CONSTITUCIÓN COMO BLABLABLÁ

Jesús Silva-Herzog Márquez ®

Volvamos a empezar por lo obvio: la discusión sobre los derechos indígenas es filosófica, política y jurídicamente compleja. El debate del comunitarismo y la multiculturalidad es uno de los más vivos de la filosofía política contemporánea; la incorporación del EZLN a la vida civil es uno de los grandes retos de la nueva democracia mexicana; la definición técnica de los derechos indígenas y su sintonía con el régimen constitucional son en extremo espinosas. Es una discusión importante para el país. Merecía de nuestra representación un trato serio, una respuesta socialmente sensible y técnicamente aceptable. No fue así. Los barones de la política partidista madrugaron para imponer una solución políticamente insensata y jurídicamente torpe.

 La reforma aprobada por el Congreso de la Unión -y que espera la votación de las legislaturas de los estados para convertirse en norma imperativa- es una reforma que surge como madruguete. Después de todos estos años, los legisladores del PAN y del PRI (y los distraídos senadores perredistas) se sacaron una ley de la manga que no tiene nada que ver con la iniciativa de la Cocopa, ni con la iniciativa del presidente Zedillo, ni con la iniciativa del Partido Acción Nacional. Los legisladores no dieron a su iniciativa el aire del debate público. Del trabajo oculto de las comisiones se pasó de inmediato a la votación en los plenos. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué no ventilar la propuesta? No tengo dudas de que la iniciativa presidencial tenía deficiencias muy importantes. Pero es evidente que la que apresuradamente aprobaron los legisladores no es mejor. En muchos sentidos es peor. Lo que aprobaron los legisladores fue, antes que cualquier otra cosa, una declaración de independencia. Como dijo Felipe Calderón en su momento: aquí no manda el Fox ni el Marcos. Aquí mandamos nosotros. Muy bien. De eso se trata la vida de un régimen institucional. El problema es que la independencia legislativa aparece con esta votación como el imperio de los barones del Congreso. Los viejos señores del poder que antes estaban ferozmente confrontados hoy se abrazan para trazar la línea de la política legislativa. Si se quiere discutir con ellos será ya después de que se han consumado los hechos. Los barones son capaces de someter a sus bancadas y madrugarse a la opinión pública. Se legisla, pues, para que los nuevos amos de la vida parlamentaria envíen un mensaje político. No para ordenar jurídicamente la vida del país.

 Los legisladores han querido que la Constitución declare en su artículo segundo, con un tono que recuerda el unitarismo franquista, que la nación es "una e indivisible". Primero habría que decir algo sobre el afán definidor de los legisladores. Es absurdo que se pretenda hacer de la ley un diccionario sociológico. No corresponde al derecho definir lo que es la democracia (como desafortunadamente hace nuestro artículo 3o. en una muy cuestionable tesis). A la ley corresponde determinar los derechos ciudadanos, armar las instituciones democráticas, trazar el curso de los procedimientos de la competencia; no le incumbe alumbrar la esencia de la democracia. Ese es el territorio de los teóricos. A la norma corresponde definir el espacio de los derechos y los deberes, los muros y las palancas de la acción del Estado, el marco de la libertad. Que nuestra Constitución defina la nación es ya un despropósito. Pero que lo haga con este rancio lenguaje unitarista es aún más aberrante. La nación no es una porque no es proceso concluido. Como todas las naciones, la mexicana se construye y desbarata todos los días. Cada día se hace y se deshace. Todos los días se multiplica y se fragmenta. Pensarla una e indivisible como si fuera una escultura entera y grandiosa que hay que proteger en los museos es un retroceso grave en el pensamiento pluralista.

 Los redactores de la iniciativa aprobada por el Congreso se jactan de que la nueva normativa es jurídicamente superior a la iniciativa Fox-Cocopa. No lo es. La nueva ley es tan vaporosa, tan imprecisa y tan demagógica como aquélla. Por ejemplo, se establece que el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican estas normas será "la conciencia de su identidad indígena". ¿Qué quiere decir eso? Supongo que significa que seré indígena si digo que lo soy. A esa vaguedad se agrega otra en el siguiente párrafo. Serán consideradas comunidades indígenas las que "formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres". Esta expresión, además de vaga, es trivial porque el último párrafo del Apartado A dispone que el estatuto que definirá los criterios de reconocimiento de comunidades indígenas será local. "Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán ... las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas". Para seguir con las vaguedades, la Constitución prescribiría que "el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco  constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional". ¿Qué debe entenderse por aseguramiento de la unidad nacional? ¿Quién define qué significa la unidad de la nación? ¿Cómo se determina un "atentado" contra esa unidad? ¿Qué consecuencias tiene? La reforma no incluye respuesta. Sólo blablablás.

 La redacción no es el fuerte de esta reforma. El Apartado A del nuevo artículo segundo diría (si es que la mayoría de las legislaturas locales la aprueban) que los pueblos y las comunidades indígenas tendrían autonomía para "preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad". ¿Y si la autonomía se quiere ejercer no para preservar sino para transformar su cultura?

 Ese, al parecer no es un derecho del que dispongan las comunidades indígenas, que tienen el deber constitucional de seguirlo siendo. A esos absurdos llega el preservacionismo multicultural cuando hace alianza con la torpeza legislativa. Y finalmente el blablabá de la reforma aprobada desemboca en simples deseos. El largo Apartado B es una larga carta a Santaclós. Para promover la igualdad de los indígenas, el gobierno impulsará el desarrollo integral, fortalecerá las economías locales, mejorará las condiciones de vida de sus pueblos, garantizará e incrementará los niveles de escolaridad, asegurará el acceso efectivo a los servicios de salud, mejorará los espacios de convivencia y recreación, propiciará la incorporación de las mujeres al desarrollo, extenderá la red de comunicaciones para permitir la integración de las comunidades, apoyará las actividades productivas, protegerá a los migrantes. Todo eso escrito en los licenciadismos más abigarrados. Que no haya un solo instrumento para realizar esos anhelos justicieros parece irrelevante. ¿Por qué ensuciar una bonita carta de deseos? La Constitución para nuestros legisladores es un hermoso blablabá.

Tomado del periódico Reforma

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