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EL IMPERIO DE LOS INTERESES

Jesús Silva-Herzog Márquez ®

 

La ilusión democrática abriga la esperanza del bien común. Si los gobiernos despóticos son reinos de uno y para uno, la democracia será el gobierno de todos conformado para el beneficio de todos. Así se llega a la muy citada y muy vacía frase de Lincoln: democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia no solamente entrega el poder al pueblo sino que, por alguna misteriosa gracia, provoca naturalmente su bien. El bien colectivo no sería una posibilidad sino el destino de la democracia. La realidad desmiente la ilusión. La desmiente, en primer término porque los intereses (a pesar de lo que esperan los tomistas y los demócratas primitivos) no son nunca generales. Y la desmiente también porque cualquier recuento de las decisiones políticas arroja evidencias de la salud de los privilegios en el régimen democrático. Sin embargo, la muletilla del discursito oficial insiste en la invocación del bien común. Los panistas persignan cada discurso con la fórmula. Santa María del Bien Común. Pero el gobierno panista, como el más corporativo de las gobiernos priistas, sigue cautivo de los intereses parciales. No es un defecto mexicano, ni panista, ni foxiano. Es un rasgo democrático. Norberto Bobbio la vio como una de las falsas promesas de la democracia. El régimen ofrece la desaparición de las oligarquías y en todas partes subsisten esas oligarquías que imponen su voluntad.

La igualdad política de la democracia es ciertamente una igualdad de baja intensidad. Dura lo que dura el voto. Todos los ciudadanos pesamos lo mismo para formar gobierno. Pero no para definir lo que el gobierno hace o deja de hacer. Sucede en todas partes: un gobierno, por muy democrático que sea, atiende preferentemente a los poderes establecidos, responde a los grupos organizados que son capaces de movilizar el desacuerdo y tiende a satisfacer a las corporaciones eficaces.

Se ha dicho muchas veces y con razón que la clase política mexicana ha sido torpe para adaptarse al ecosistema democrático. Su lenguaje sigue atrapado en otro tiempo, sus reflejos son tics de otra atmósfera y, en fin, sus voluntades no logran producir resultados estimables. Pero en esta severa mutación climática que significó el arribo al territorio democrático, ha habido actores ágiles que se han vuelto ya los dueños del nuevo reino. Han logrado cambiar velozmente de máscara, ponerse nuevo traje y pronunciar otro discurso. No son los soñados actores ciudadanos; es una compleja confederación de intereses que ha descifrado la grieta del presente. A decir verdad, son los grandes políticos de nuestro tiempo: los ordeñadores de la actualidad, precisamente porque en contraste con los gobernantes, han sabido entender el complejo de fuerzas que se mueven en el nuevo régimen, las oportunidades que éste ofrece y los amplios permisos que otorga. ¿Qué es lo que han visto estos hábiles apoderados de los intereses parciales? Han registrado claramente que se ha abierto el abanico de las libertades, al tiempo que se afloja el marco de las responsabilidades. Mientras los políticos de cargo pronuncian discursos sobre la democracia, ellos entienden la dinámica efectiva del poder. Frente a una clase política temerosa de las reacciones de la opinión pública, acechada por sus fantasmas y cobarde frente a la ley, ellos, los movilizadores del descontento nos gobiernan.

En efecto, los verdaderos políticos de hoy no son los asesores presidenciales, ni los secretarios de Estado, ni los legisladores de los que tanto hablamos. Los auténticos políticos, es decir los hombres que en realidad deciden por nosotros, son esos organizadores del disgusto que son capaces de imponer su voluntad a la colectividad. ¡Qué débiles se ven los políticos de cargo y oficina frente a ellos! ¿Qué importa lo que dice, lo que quiere, lo que planea el secretario de Comunicaciones? Lo que cuenta es lo que resuelven los grupos afectados por sus propuestas.

Hay muchas opciones frente a los intereses parciales. La primera es la opción totalitaria: se proscriben los intereses parciales y se inventa uno -el interés nacional- que es el único legítimo. Puede llamarse de muchas maneras: el proyecto revolucionario, el bien común, el progreso, la modernidad, la defensa de la identidad... Lo relevante es que se sostiene que existe un solo interés ideológicamente lícito y el resto es condenado como delito. Esa es la ruta del democratismo primitivo: nada contra la voluntad general. La segunda ruta de los intereses parciales es conceder a uno de ellos el trato de privilegio. Es la respuesta aristocrática. Se trata de atribuir a un grupo social la canasta completa de cargos, bienes y cuidados colectivos. A los nobles corresponderá dirigir a la nación, decretar lo que es bello y lo que es justo. Todo el provecho colectivo le pertenece originalmente a ellos. Al resto le corresponde honrarlos y seguir su ejemplo. Una tercera forma de encarar los intereses parciales es determinar que todos son lícitos pues no hay una forma de ver la vida que pueda válidamente imponerse al resto. Los intereses son protegidos como derechos. Mis intereses son tan valiosos como los de mi vecino. El punto clave es que compartimos un estatuto: hay reglas claras que norman la convivencia.

El discurso imperante reivindica esta forma de tratar los intereses. Todos los intereses son válidos en la medida en que estén respaldados por algún derecho. Lo que sucede en México es que el puente de legalidad está roto. Mis intereses no son iguales a los tuyos, son más iguales que los tuyos, si logro vestir mi reclamo de la amenaza y la extorsión. No hablo de los recursos legítimos de la organización social que confiere válidamente un peso adicional a la intensidad de los intereses; me refiero al tipo de acción colectiva que nuestra mala democracia privilegia: la ilegalidad escudada en una causa que se impone sobre el resto de los intereses. Nuestro trato de los intereses parciales parece ser el del mundo natural: el interés de la fuerza es el único legítimo o, cuando menos, el único eficaz.

Por eso es importante replantear lo que decía en el segundo párrafo de este artículo. Es verdad que la igualdad política de la democracia es episódica y ligera. Pero más allá de esa igualdad ciudadana del voto, está la igualdad genérica de la ley. Los votos nos igualan el día de las elecciones; la ley, si rige realmente, nos iguala todos los días del año. Ese es el origen de este viciado imperio de intereses. El problema no es, de ninguna manera, que los intereses parciales se expresen, se movilicen, presionen, y que triunfen. Todas las decisiones benefician a algún interés parcial. Algunas veces es un interés parcial pequeñito, otras inmenso. El problema es que los intereses que triunfan lo hacen imponiendo ilegalmente su capricho, lo hacen aprovechándose de los fantasmas que se han apoderado de la mente de la clase política oficial y mediante los instrumentos más reprobables del chantaje.

Tomado del periódico Reforma


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